Una unidad especializada en reclamaciones de hasta 3.000 euros agilizará las demandas de los consumidores madrileños
2026-01-29 - 16:21
La capital estrenará en las próximas semanas una unidad judicial especializada para resolver las miles reclamaciones de consumidores que se registran cada año por problemas relacionados con facturas, tickets o servicios de hasta 3.000 euros de cuantía. Este organismo estará ubicado en el número 53 de la calle Poeta Joan Maragall, un edificio cercano a Plaza de Castilla que el Gobierno regional acaba de remodelar para ampliar el espacio disponible en casi 2.000 metros cuadrados con el objetivo de acoger el nuevo órgano, y también, dependencias para personal de la Fiscalía provincial. Las obras, en las que se han invertido más de 1,1 millones de euros, han habilitado, entre otras dependencias, despachos para letrados, salas de vistas y reuniones y zonas para funcionarios. "Estamos dotando de más y mejores medios a la Justicia para que pueda hacer su trabajo", ha aseverado Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, este jueves durante una visita a las instalaciones. Desde este lugar, el responsable autonómico también ha destacado la importancia de la puesta en marcha de la nueva unidad funcional para el conocimiento y resolución de los juicios verbales por cuantías no superiores a 3.000 euros. "Las reclamaciones de cantidad que tienen soporte en una factura, un albarán o un ticket suponen prácticamente el 35% de las demandas en la jurisdicción civil", ha expresado García Martín, "por tanto vamos a permitir que otros juzgados estén más desatascados y agilizar los procedimientos a todos los ciudadanos gracias a esta unidad funcional", ha agregado. El nuevo órgano especializado se sumará a otros tres que operan desde hace años: la unidad creada para atender contratos de cláusulas bancarias abusivas, que funciona desde 2017; otra que desde 2021 atiende demandas relacionadas con el transporte aéreo, como casos de retrasos de vuelos o extravío de equipajes; y la que atiende las demandas por las llamadas tarjetas 'revolving' que se lanzó en 2024 y que, hasta ahora, era la última implantada en la Comunidad. El personal de estas tres unidades funcionales registró el año pasado alrededor de 48.500 procedimientos, en los que tuvieron especial protagonismo los relacionados con los créditos 'revolving', las tarjetas que aplazan el pago en cuotas mensuales con intereses excesivos y en los últimos años se han convertido en un auténtico quebradero de cabeza para miles de consumidores españoles. Al cierre de 2025, las reclamaciones atendidas en la Comunidad de Madrid por este tipo de tarjetas superaban las 21.000, mientras que las motivadas por retraso de vuelos o pérdidas de maletas de viajeros se acercaban a las 18.000. Por su parte, los procesos abiertos por cláusulas abusivas se situaron cerca de los 9.500. El número de demandas que se prevé que atienda la unidad funcional que se va estrenar en las próximas semanas será considerablemente superior, ya que desde el Ejecutivo se estima que cada año se registrarán más de 80.000 procedimientos. Avances en la Ciudad de la Justicia Este jueves, el consejero de Presidencia también se ha referido a la marcha de las obras de la Ciudad de la Justicia, el proyecto que aglutinará todas las sedes del partido judicial de la capital en el barrio de Valdebebas. "Estamos teniendo hitos muy importantes", ha indicado Miguel Ángel García Martín. "Ya se está haciendo el vaciado de la parcela de la fase 1, que incluye el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y los edificios de las jurisdicciones Penal y Civil de la Audiencia Provincial, y en muy pocas semanas comenzará también el vaciado del resto de la Ciudad de la Justicia", ha detallado, para situar en el año 2029 la puesta en funcionamiento de la infraestructura. La 'mudanza' de las sedes judiciales de la capital a Valdebebas llevará aparejado el cambio de ubicación de servicios como el Registro Civil Único de Madrid, hoy ubicado en la calle Pradillo, al espacio que también en la actualidad ocupan los juzgados de Primera Instancia en el número 66 de la calle Poeta Joan Maragall. "Los técnicos de la consejería ya están trabajando en este proyecto", ha asegurado García Martín, que ha recordado que el traslado de servicios al complejo de edificios que hoy ocupan los juzgados en Plaza Castilla posibilitará un ahorro de 80 millones de euros al año a las arcas de la Comunidad de Madrid, porque esos inmuebles son propiedad autonómica y otros que se ocupan hoy están arrendados.