Vivir con miedo no puede ser la única opción

2026-02-14 - 19:56

Estamos asistiendo a fenómenos meteorológicos cada vez más extremos. Temporales con rachas de viento que superan los 100 km/h, tras meses de lluvias intensas que han dejado los suelos completamente saturados. El resultado ya es visible en Galapagar: numerosos árboles han caído en calles y parcelas privadas. Y, sin embargo, las ordenanzas municipales permanecen inalteradas. En los años 80, muchos vecinos plantaron árboles en sus fincas. Los cuidaron durante décadas, los vieron crecer y formar parte del paisaje y de la identidad del municipio. Hoy, algunos de esos mismos ejemplares, con más de medio siglo de vida, pueden convertirse en un riesgo real cuando el viento arrecia y el terreno no ofrece sujeción suficiente. Si un propietario teme que uno de esos árboles pueda caer sobre su vivienda, la del vecino o sobre un viandante, no puede actuar libremente. La responsabilidad por los daños recae sobre él. Pero la decisión de talar no depende de su criterio, sino de la autorización municipal. Y esa autorización tiene un coste que puede superar los 2.500 euros por ejemplar —según diámetro y especie— y alcanzar cifras superiores a 4.000 euros en árboles de más de 50 años, solo en tasas. A ello hay que sumar el coste de la tala y la retirada, también a cargo del propietario por ejemplar. Algunos podrán asumir ese desembolso. Otros no. Para muchos, la única alternativa será confiar en que no ocurra una desgracia. Proteger el arbolado es una obligación colectiva. Nadie discute el valor ambiental, paisajístico y social de nuestros árboles. Pero también lo es proteger a las personas y permitir que actúen con responsabilidad ante una realidad climática que ha cambiado. Las normas no pueden permanecer ajenas a un contexto meteorológico que ya no es el de hace 30 años. ¿Es razonable obligar a un vecino a elegir entre vivir con miedo o afrontar un coste desproporcionado para prevenir un posible accidente? La prevención no debería ser un lujo. Y nadie debería verse obligado a esperar a que ocurra un daño para poder actuar con sentido común.