Yolanda Díaz monitorizará con sindicatos y empresarios el alcance económico de la guerra en Oriente Próximo

2026-03-05 - 14:33

Yolanda Díaz ha reunido este jueves a sindicatos y patronal para estudiar posibles medidas de respuesta ante las consecuencias económicas que pueda desencadenar la guerra en Oriente Próximo. Un encuentro en el que las partes han acordado hacer una monitorización continua del conflicto, pero que no ha servido para concretar la activación de ninguna medida de respuesta específica. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha recordado que las actuaciones que se han llevado a cabo durante crisis anteriores, como la pandemia, la erupción del volcán de La Palma o la guerra en Ucrania se podrían repetir en caso de que fuera necesario. "El mensaje es unívoco, ante una guerra ilegal estamos preparados para tomar las medidas que sea menester", ha lanzado Díaz. "Lo que estamos haciendo es prepararnos, actuar ex ante", ha agregado la vicepresidenta segunda, que ha puntualizado que las medidas "solo se van a desplegar si son estrictamente necesarias" y no ha descartado adoptar otras nuevas "si fuera menester". Entre esas posibles actuaciones, la vicepresidenta ha recordado que están disponibles los ERTE o el mecanismo RED para evitar destruir puestos de trabajo; la limitación a los despidos objetivos por causas relacionadas con el conflicto, bonificaciones y aplazamientos a las empresas o la puesta en marcha de prestaciones por desempleo y cese de actividad. En esa misma línea, el Ministerio de Trabajo señala que se podría llegar a priorizar el trabajo a distancia como medida de contención de costes energéticos, la posibilidad de adaptar horarios, la puesta en marcha de permisos remunerados cuando sea imposible acceder al puesto de trabajo o planes de empleo extraordinarios para sectores o territorios donde sea necesario crear y financiar puestos de trabajo. Asimismo, ha recordado que se podría recuperar la excepción ibérica -un tope en el precio del gas mayorista utilizado para producir electricidad- si fuera necesario o las bonificaciones al gasóleo profesional. Del mismo modo, también se plantea establecer controles de precios energéticos si fuera necesario o el despliegue del llamado escudo social, que decayó la semana pasada en el Congreso. Dentro de este paquete se incluyen medidas como la ampliación del bono social eléctrico, la prohibición de los desahucios en personas vulnerables, la prórroga de alquileres y otras medidas de protección de rentas familiares. Respecto al diagnóstico de la situación, el Ministerio de Trabajo destaca que el precio del petróleo se ha disparado un 17% desde que estalló el conflicto hasta alcanzar los 82 dólares por barril de Brent (la referencia en Europa) y que el precio del gas natural en el mercado europeo ha ascendido un 61%, hasta situarse en los 50€/Mwh. Entre los principales riesgos que se contemplan está la posibilidad de que una nueva ronda de inflación que pudiera mermar el poder adquisitivo de la población. El ministerio está atento a cómo impacte la subida de los precios energéticos a los costes de producción y transporte y ve un riesgo en que las empresas energéticas puedan aprovechar para aumentar sus márgenes de beneficio. Si la crisis se prolongase, Trabajo teme que la economía pudiese llegar a desacelerarse, con un especial impacto en los sectores químico, del acero y los plásticos. En cualquier caso, prevén que el impacto en España sea atenuado por su posición geográfica, menor dependencia energética de los combustibles fósiles y una mayor penetración de las energías renovables.